De las 40 alegaciones recogidas en el articulado de la ley estatal de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario aprobado por el Congreso, 16 fueron presentadas por el colectivo LeySinDesperdicio, del cual Rezero forma parte.
Ahora hay que velar para que se pongan los recursos técnicos y económicos con el fin que las normas catalana y estatal se implementen y se supervise su cumplimiento por parte de todos los agentes.
En el ámbito de los residuos, como en tantos temas de nuestra sociedad, hay mantras que se repiten de forma insistente y, aun así, parecen no despertar suficiente interés para acelerar los procesos reguladores que podrían solucionar las problemáticas.
El ámbito de la alimentación, y en concreto, el de los residuos de alimentos, es un ejemplo. Hace casi una década que la FAO y la OMS alertan que una tercera parte de los alimentos que se producen mundialmente son derrochados.
Hace más de un lustro que los ODS 2030 incluyen el objetivo de reducir en un 50%, como mínimo, este desperdicio. Este objetivo fue recogido también en el Pacto Verde Europeo y en otras muchas normativas de los Estados miembros. Por ejemplo, la misma Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Un primer propósito que había que ser definido en detalle mediante una ley específica de prevención del desperdicio.
Cuatro años de negociaciones
La ley estatal de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario fue planteada, en un inicio, como potencial palanca de cambio del modelo de producción, distribución y consumo de los alimentos (y los recursos primarios). Llegar al redactado final ha requerido cuatro años (!) de procesos legislativos y la implicación de muchos agentes sociales, económicos y partidos. Entre otros, el colectivo LeysinDesperdicio, constituido por organizaciones de todo el Estado español y del cual Rezero forma parte.
Han sido cuatro años de idas y vueltas de articulados entre Consejos de ministros, Congreso de Diputados y Senado. Por el camino, se han cruzado una convocatoria de elecciones anticipadas y una huelga general de agricultores que paralizó el país y que, por supuesto, también incidió en el proceso.
La dificultad de poner la prevención en primer plano
Hay otro mantra repetido (y esencial, según nuestro punto de vista) que es adoptado por muchos actores: la prevención de residuos es prioritaria. Nadie se opone a esta premisa, obviamente. Solo faltaría que se cuestionara el Abc de la jerarquía de residuos.
Ahora bien, desgraciadamente, siempre resulta difícil e incluso extenuante, conseguir que las normativas que se aprueban partan de esta prioridad.
Durante todo el proceso que ha precedido la aprobación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, las organizaciones de LeySinDesperdicio hemos tenido que recordar, recordar y recordar la importancia de la prevención de residuos en todas sus formas. Es cierto que la prevención ya forma parte del discurso de muchos agentes. Ahora bien, esto no significa que estén dispuestos a incluir medidas disruptivas que aseguren esta reducción de los residuos. Sobre todo si, al otro lado de la mesa de negociación, los intereses de determinados sectores se alejan de la prevención y se oponen a la cuantificación de las pérdidas.
Motivos para celebrar la ley
Finalmente, habemus Ley. Y debemos celebrarlo.
Celebrar que los esfuerzos de la sociedad civil para que la Ley estatal de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario incida, efectivamente, en la prevención del derroche han dado resultados. Así, de las 40 alegaciones recogidas en el articulado aprobado por el Congreso, 16 fueron presentadas por el colectivo LeySinDesperdicio. La más importante, la que aboga porque se prioricen las medidas de prevención, en toda la cadena de producción y consumo. También las que abordan aspectos como el espigueo, la cuantificación, la donación, la trazabilidad y el derecho de las personas consumidoras a llevarse los alimentos que no hayan consumido, entre otros.
Trabajo pendiente
Al mismo tiempo, tenemos que exigir a los cargos políticos pertinentes que garanticen el cumplimiento de estas medidas legislativas. En el ámbito estatal, hay que activar recursos técnicos y económicos con un doble objetivo. En primer lugar, para desarrollar las medidas previstas. Y, en segundo lugar, para hacer seguimiento a los agentes responsables de implementarlas.
En el ámbito catalán, hay que exigir a la Generalitat el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2020, del 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que acumula cinco años de demora. Así mismo, también faltan recursos técnicos y económicos para desplegarla de forma efectiva y garantizar su cumplimiento. Ahora que tenemos marco estatal, parece que nada impide aprobar ya un reglamento largamente esperado por empresas, productores, municipios y personas consumidoras.
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Mayo del 2025